1978: El deporte entra en la Constitución | A la Contra
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Historia

1978: el año en el que se constitucionalizó el deporte

La Constitución de 1978 fue la primera Carta Magna española en la que el deporte entra en su articulado, como principio rector de la política social y económica.

Verano de 1977. El Atlético acaba de ganar la Liga y el Betis su primera Copa, que por entonces ya era del Rey. Pero ese verano España vivía (sobre todo) pendiente del devenir político y del proceso de democratización que se había abierto, pero que aún había que recorrer. Había una Ley para la Reforma Política y un Parlamento constituyente, elegido democráticamente en las primeras elecciones libres desde febrero de 1936. Y el siguiente paso de lo que después se llamó la Transición debía ser el de la redacción de una Constitución democrática.

Así, siguiendo esos pasos, ese verano de 1977 (1 de agosto) se designó a la ponencia que debía redactar un anteproyecto constitucional, que debía ser aprobado y discutido en el pleno del Congreso para después ser refrendado en las urnas por los ciudadanos españoles. La Ponencia, o los Padres de la Constitución (ninguna madre), prestaron poca o nula atención al deporte. Lógico. La organización territorial del Estado, la confesionalidad o laicidad del mismo, el modelo educativo (público vs. control de la Iglesia) eran los temas principales que había sobre la mesa, y los que provocaron mayores tensiones.

Aún así el texto final, refrendado por la ciudadanía el 6 de diciembre de 1978, es el primero en que se constitucionaliza el deporte. No hay referencias al deporte en la Constitución inmediatamente anterior (la republicana de 1931) ni, claro está, en ninguna de las cinco anteriores del siglo XIX. La constitucionalización del deporte es, por tanto, un hecho importante en el texto de 1978, pero, probablemente, con poco contenido. En este punto hay que aclarar qué deporte se constitucionaliza. No es el de élite, ni el profesional, ni el deporte como espectáculo en el sentido de fenómeno sociológico. Lo que se constitucionaliza es la actividad física, el deporte vinculado a la salud y al ocio. Así lo refleja el articulo 43.3: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

Si ustedes han estudiado alguna vez derecho constitucional habrán oído una lección importante de sus profesores: “En la Constitución el Título I habla de los Derechos fundamentales, pero hay unos derechos más fundamentales que otros”. El deporte se constitucionaliza en ese Título I, pero en el Capítulo Tercero, dentro de los principios rectores de la política social y económica. ¿Y eso que implica? Pues que son prescripciones de tipo finalista, es decir, que los poderes públicos tienen la obligación de perseguirlos, promover las condiciones que se desarrollen y facilitar la participación de la ciudadanía. Pero no gozan de la protección de los valores constitucionales, los derechos fundamentales o las garantías institucionales.

El debate sobre la constitucionalización del deporte se produjo más en la discusión parlamentaria del texto que durante el anteproyecto de los Padres constituyentes (que no madres). Fue entonces cuando se dirimió la posibilidad de vincular deporte con sanidad y educación física o si debía ser un artículo independiente de lo sanitario, en una iniciativa de Couceiro Taboada (UCD).

En el debate ganó la primera propuesta quedando el artículo 43.3 redactado tal y como se ha citado anteriormente.

Expertos como De la Plata Caballero consideran que aunque la primera constitucionalización del deporte es un hito a celebrar, la redacción de la Carta Magna fue una ocasión perdida para dar más peso al deporte, desvincularlo de la educación física y darle mayor imperatividad al precepto. En tiempos de debate de la reforma constitucional también habrá que hablar del deporte.

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